La terrorista mexicana Lucía Morett trató de obtener protección dentro de la figura del fuero político, como congresista en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos Afortunadamente fracasó en su intento y ahora existe la posibilidad de extraditarla para enfrentar un juicio justo, ante las autoridades de la República de Ecuador. Es de mencionar que los terroristas de las FARC, con quienes se encuentra públicamente vinculada la terrorista mexicana, han negado en incontables ocasiones la oportunidad de un juicio en condiciones de justicia y seguridad, a aquellos a quienes han secuestrado y asesinado impunemente por mas de veinticinco años, tras acusarles de supuestos crímenes contra el pueblo de la República de Colombia. Por otra parte, existe la posibilidad de movilizaciones en la Ciudad de México por parte de grupos que simpatizan con el terrorismo internacional, en apoyo de la terrorista Moret, para evitar el que se la responsabilice por sus acciones en suelo ecuatoriano.
En Francia, en la coyuntura de las fiestas patrias, grupos de desestabilizadores se manifestaron en las calles provocando enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden, en reclamo por beneficios sociales que han tenido que ser reevaluados por el gobierno de la República, ante el alza en los abusos cometidos en su mayoría por el lumpen proletariado e inmigrantes ilegales en territorio francés. En el mismo tono, Canadá tuvo que establecer la visa para quienes deseen viajar a su territorio portando pasaporte mexicano, ante el aumento de inmigrantes ilegales quienes, hasta esta semana, habían abusado de la confianza que el gobierno del ese país había mostrado para con los turistas mexicanos. Esto ocurre en respuesta a la facilidad que la ausencia del cobro de una visa, y los requisitos para obtenerla, presentaba para grupos narcoterroristas de origen mexicano, de incurrir en el tráfico de seres humanos hacia Canadá, con el peligro de llevar la violencia y el narcotráfico al país norteamericano. Canadá ya enfrenta un grave problema con la introducción de drogas de diseño, además la posibilidad de convertirse en la puerta de entrada hacia los Estados Unidos de América tanto para inmigrantes ilegales como para agentes de grupos terroristas internacionales, como los perpetradores de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y Washington, o los que atacaron las instalaciones del transporte público en Londres y Madrid.
En Israel continúan las declaraciones de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, en las que sostienen que se habrían violado derechos humanos durante la operación antiterrorista Plomo Fundido en la Franja de Gaza en diciembre pasado. Afirman que la operación se condujo con exceso de violencia y con la orden por parte del comando de la operación, de priorizar las vidas de las tropas israelíes por sobre las de civiles palestinos. Debe recalcarse lo relevantes de dichas declaraciones, al haber sido realizadas por elementos de tropa quienes experimentaron el conflicto ético al desarrollar la operación, que entre otros objetivos, pretendió el rescate de un soldado israelí secuestrado por terroristas de Hamas hace más de dos años, tras una incursión de los palestinos a territorio del Estado de Israel.
Para una operación de rescate en un territorio tan hostil como lo es la Franja de Gaza, es de esperarse la necesidad de minimizar el número de bajas de las Fuerzas de Defensa de Israel con una orden de prioridad, así como el proceder de una fuerza de incursión, considerando a cada civil palestino como un potencial combatiente enemigo encubierto. Es una táctica común de los terroristas del Islam Radical, esconderse bajo la tapadera de un civil desarmado quien suele explotarse en automartirio contra las tropas, como ya ha ocurrido antes a las Fuerzas de Defensa de Israel al enfrentar a los terroristas de Hezbola y Hamas, o a los militares de la coalición que participan en las tareas de pacificación en Irak, a manos de terroristas de Al-Quaeda.
La lucha contra el narcoterrorismo en México se recrudeció en esta semana, con las muertes de doce militares cuyos cuerpos aparecieron con evidencia de tortura. Mientras tanto, en el Puerto de Veracruz se enfrentaron elementos de la policía municipal y fuerzas federales contra una célula narcoterrorista quienes optaron por inmolarse para evitar ser capturados. Con toda esa violencia ahora además resulta evidente que, el hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy estaría vinculado con el grupo narcoterrorista denominada La Familia Michoacana. Sin realizar juicios prematuros, son de extrañarse las fotografías en las que aparecería Jesús Ortega, líder el Partido de la Revolución Democrática, y el mencionado hermano incomodo, en actitudes propias de una intima amistad.
En otra información, el depuesto presidente de Honduras, respaldado por el dictador venezolano Hugo Chávez, amenaza con una invasión en la que utilizaría tropas venezolanas. Debe destacarse que las acciones emprendidas por el congreso y fuerzas armadas de la República de Honduras correspondieron al nivel de peligro que suponía para la soberanía del país centroamericano, la relación de su presidente como alineado político con el dictador venezolano; además de haberse depuesto a Zelaya de acuerdo a lo establecido en la Constitución de aquel país. De ocurrir una intervención venezolana en el conflicto, podría hablarse no sólo de una acción golpista por parte de Zelaya, similar a la que llevo al poder a Chávez en Venezuela, sino de una nueva agresión a la sociedad civil de una nación soberana por parte de una dictadura extranjera, escenario que se creía ya superado hace mas de quince años en América.
¿Hasta cuando tendrá que sufrir la sociedad civil por la violencia propiciada por el terrorismo internacional y sus simpatizantes en todo el planeta? La respuesta aun parece ser el uso de la fuerza. Sin embargo, las manos de las tropas y sus comandantes se encuentran atadas. Parece imposible cancelar los derechos humanos de aquellos que atentan contra la misma sociedad que insiste en protegerles. La responsabilidad de tareas tan demandantes como la aplicación de interrogatorios especiales, continúa recayendo en individuos quienes enfrentan las contradicciones entre los principios y valores que defienden, y la necesidad táctica de violentar los mismos para cumplir con sus misiones. Aunado al conflicto ético, dichos individuos reciben además un juicio inmisericorde por parte de aquellos a quienes han jurado defender.
